La crisis climática y la reproducción de las desigualdades

El año 2024 está en camino de ser el más cálido jamás registrado, y nuevamente hemos sido testigos de fenómenos extremos en todo el mundo. Se ha confirmado que el calentamiento global superó los 1.5 °C en el período de los últimos 12 meses, con temperaturas récord a nivel mundial y olas de calor durante los meses de junio y julio. Durante estos meses, se registró la mayor cantidad de días consecutivos con temperaturas promedio globales en niveles históricos. Esto también se documenta en las temperaturas diarias de la superficie del mar, que han sido consistentemente altas (Organización Meteorológica Mundial [OMM], 2024).

Estas cifras no son solo estadísticas, sino una realidad que exacerba las desigualdades existentes, generando sequías prolongadas que afectan la producción agrícola, inundaciones que destruyen infraestructuras críticas y fenómenos meteorológicos extremos que obligan a miles de personas a migrar. Incluso se estima que si estas tendencias continúan, para 2070 uno de cada tres seres humanos podría ser expulsado del nicho climático que nuestra especie ha habitado durante milenios (Xu et al., 2020).

Lamentablemente, a pesar de estos eventos extremos, las emisiones de carbono continúan aumentando, alcanzando un nuevo récord de 426.9 partes por millón (ppm) en mayo de 2024. Esto evidencia que los esfuerzos para limitar el calentamiento global al límite crítico de 1.5 °C no están funcionando (Global Carbon Project, 2024).

Impactos incalculables e insuficiencia de compromisos financieros

Paralelamente, los compromisos financieros actuales son insuficientes para cubrir la magnitud del problema. Las promesas hechas por los países desarrollados no se están cumpliendo en su totalidad. En 2015, se estableció un objetivo de financiamiento climático de 100 mil millones de USD anuales para 2020; este monto fue alcanzado apenas en 2022. Sin embargo, hasta la fecha, la mayor parte de los fondos canalizados a los países más afectados llegan en forma de préstamos y no como subvenciones, lo que incrementa la carga de deuda para las naciones en desarrollo (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE], 2023).

Según un estudio de la ONU, los costos de pérdidas y daños en los países en desarrollo en 2020 ascendieron a 435 mil millones de dólares, una cifra que sigue en aumento. Se estima que estos países necesitarán incrementar su gasto climático a 2.4 millones de millones de dólares anuales para 2030, de los cuales al menos 1 millón de millones deberá provenir de fuentes externas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2023). Además, el primer Balance Mundial del Acuerdo de París, publicado en 2023, establece que las necesidades de financiamiento ascienden a entre 5.8 y 5.9 millones de millones de USD para el período previo a 2030 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC], 2023).

En 2023, el informe del Lancet Countdown indicó que en 2022 las pérdidas económicas por eventos extremos relacionados con el clima ascendieron a 15,600 millones de USD en América Latina, representando el 0.28% del PIB regional, y que el 93% de estas pérdidas no fueron reparadas por seguros (Watts et al., 2023). Adicionalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) informó que, debido a la intensificación de la crisis climática, el PIB de seis países de la región podría reducirse entre un 9% y un 12% para 2050. Para compensar estas pérdidas, se requerirían inversiones adicionales de entre el 5.3% y el 10.9% del PIB anual.

Estos datos reflejan la brecha significativa entre las necesidades proyectadas y los compromisos financieros actuales, resaltando la urgencia de aumentar las contribuciones tanto al financiamiento climático como al nuevo Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, establecido en la COP28 celebrada en Dubái (CMNUCC, 2023).

Cuidando las redes de cuidado como estrategia de resiliencia climática

La crisis climática no solo revierte los avances en desarrollo y reducción de la pobreza logrados en las últimas cinco décadas, también profundiza las desigualdades preexistentes, ampliando las brechas entre naciones y personas. 

La crisis climática agrava un escenario ya desigual para las mujeres, particularmente las rurales e indígenas. Ellas se encuentran en la base de la pirámide social, sosteniendo a sus comunidades desde una posición de desventaja estructural: con menos acceso a recursos, una carga desproporcionada de trabajo no remunerado y mayor exposición a la violencia. Esta realidad se evidencia en la alarmante proyección del Foro Económico Mundial (2022), que estima que cerrar la brecha de género tomará cerca de 132 años, 30 años más que lo estimado en 2019.

Comprender el impacto concreto de la crisis climática en este retroceso, así como las afectaciones sobre las mujeres, es cada vez más urgente. Durante los huracanes Eta e Iota, que impactaron Centroamérica en 2020, se discutieron ampliamente los efectos económicos y los desplazamientos masivos de más de 7 millones de personas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, sin embargo se habló poco sobre las afectaciones específicas para las mujeres. 

La organización Trocaire documentó que estos desastres incrementaron en un 30% los casos reportados de violencia de género, muchos de ellos derivados de la precariedad, inseguridad y vulnerabilidad en los refugios y comunidades desplazadas, y otro casos de violencia sucedieron en un contexto de ruptura de redes de cuidado y cohesión social (Trocaire, 2021). Este incremento evidencia el impacto de los desastres climáticos en las desigualdades de género, mostrando cómo las mujeres enfrentan mayores riesgos físicos, económicos y psicológicos en tiempos de crisis.

En América Latina, las mujeres han asumido históricamente las tareas de cuidado, desde la crianza hasta la gestión de bienes comunes como el agua y los alimentos. Durante los desastres climáticos, esta carga de trabajo se incrementa drásticamente. Con la intensificación de los desastres climáticos, el trabajo de cuidado se multiplica, profundizando las desigualdades de género. Apenas en los últimos años hemos comenzado a entender la intersección entre la crisis de los cuidados y la crisis climática.

Adicionalmente, es importante reconocer como los impactos de la crisis climática obliga a los Estados a endeudarse o reorientar fondos para la reconstrucción y la atención de la emergencia. Priorizando generalmente la estabilidad macroeconómica o la inversión en obra gris por sobre el bienestar social, reduciendo o eliminando programas de protección social que históricamente han beneficiado a las mujeres, como subsidios de alimentos, vivienda o atención infantil. Estos programas son una fuente importante  de recursos para las mujeres, especialmente para las mujeres campesinas, rurales, indígenas, afro descendientes, madres en hogares monoparentales, mujeres con responsabilidad de cuidados de personas con discapacidades o con discapacidades. Estos recortes obligan a las mujeres a asumir los vacíos que deja el Estado, aumentando todavía más la carga del trabajo de los cuidados.

De esta manera, los desastres climáticos dejan a las mujeres con una triple afectación: el cuido de sus familias en condiciones de precariedad, la pérdida de medios de subsistencia y la obligación de asumir roles que anteriormente estaban cubiertos por servicios públicos. Esto sin duda, resulta en mayor pobreza de tiempo, que limita sus oportunidades de participación política y económica, perpetuando su exclusión social y profundizando las brechas de género.

La falta de inversión y los recortes en programas sociales muestra que aún consideramos el gasto social como discrecional, en lugar de verlo como una inversión que contribuye al bienestar colectivo y a la resiliencia ante el cambio climático. 

Por otro lado, en América Latina, el trabajo de cuidados representa hasta un 20% del Producto Interno Bruto, y aunque su contribución es crucial, sigue sin formar parte de las estrategias nacionales de resiliencia climática (Foro Económico Mundial, 2022). Sin embargo, este aporte crucial tanto económico como social, no recibe el reconocimiento que merece y continúa sin ser parte de las estrategias o planes nacionales para enfrentar la crisis climática, aunque estos tengan como fin reducir las desigualdades de género. 

La mayoría de las estrategias de resiliencia se enfocan en promover el crecimiento económico y en integrar a las mujeres a la economía formal. Sin embargo, suelen pasar por alto acciones clave, como la reducción de la carga de trabajo no remunerado en el ámbito del cuidado o la formalización de muchos de estos empleos, que tradicionalmente recaen en las mujeres.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, invertir en infraestructura y servicios relacionados con la economía del cuidado podría ser un motor de cambio significativo. Una adecuada inversión en este sector tiene el potencial de generar hasta 300 millones de empleos formales a nivel global para 2035, la mayoría de los cuales serían ocupados por mujeres, ofreciendo oportunidades económicas y reduciendo desigualdades estructurales.

Hacia un cambio de paradigma

La crisis climática exige un cambio de paradigma que vaya más allá de asegurar un financiamiento adecuado. Este cambio debe rediseñar de manera integral las políticas climáticas, económicas y sociales, para que la justicia social, climática y de género sean el núcleo de toda acción. 

Es fundamental orientar los recursos y esfuerzos hacia el desmantelamiento de las desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las comunidades históricamente marginadas, priorizando una transición que sitúe en el centro la justicia y la resiliencia de los pueblos, en lugar de favorecer la rentabilidad del capital privado.

Para enfrentar las crisis climáticas, sociales  y económicas, necesitamos un enfoque que realmente desmantele las estructuras de opresión y fomente una resiliencia colectiva. Las políticas y los recursos financieros deben reducir activamente las brechas de género y desigualdades sociales, reconociendo que las mujeres, especialmente las rurales e indígenas, han sido defensoras de los territorios y los bienes comunes, pero también las más afectadas por la crisis climática. Los recursos y políticas deben ser accesibles y adaptarse a las realidades locales, fortaleciendo las capacidades comunitarias para que las decisiones climáticas surjan desde las bases, sin perpetuar condiciones de dependencia o deuda.

Este es el momento de replantear nuestras prioridades de desarrollo y redirigirlas hacia la reparación climática y la justicia de género. Para avanzar hacia un cambio duradero, necesitamos imaginar y construir un mundo donde la sostenibilidad, el cuidado colectivo y la equidad sean los principios que guíen todas nuestras decisiones. Es necesario que las políticas públicas se centren en el cuidado de la vida, garantizando que cada acción refleje un compromiso genuino con el bienestar colectivo y una transición justa que beneficie tanto a las generaciones presentes como a las futuras.

La crisis climática nos exige trascender los enfoques tradicionales y responder con políticas y financiamientos que no solo aborden los síntomas, sino que también corrijan las causas profundas de las desigualdades. Un cambio de paradigma implica, en última instancia, construir un mundo donde el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza sea posible y donde los derechos, el respeto y el bienestar de todos y todas sean la verdadera prioridad.

Referencias

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC]. (2023). Balance Mundial del Acuerdo de París. ONU.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). Impacto Económico del Cambio Climático en América Latina. CEPAL.
• Global Carbon Project. (2024). Global Carbon Budget 2024.
• Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]. (2023). Financiamiento Climático Internacional y su Impacto en Países en Desarrollo.
• Organización Meteorológica Mundial [OMM]. (2024). Informe Anual sobre el Estado del Clima Global. OMM.
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]. (2023). Informe sobre Necesidades de Financiamiento Climático en Países en Desarrollo. ONU.
• Watts, N., et al. (2023). Lancet Countdown on Health and Climate Change: 2023 Report.  The Lancet.